Curso de Procedimiento Administrativo Común

La entrada en vigor de la Ley 39/2015 que regula el Procedimiento Administrativo Común y de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico de Sector Público supone la introducción de cambios significativos en cuanto a las relaciones con y entre administraciones, que es preciso conocer de cara a optimizarlas tanto desde el punto de vista de los profesionales como desde el prisma de cualquier ciudadano que se haya de relacionar con ellas y con otros organismos públicos, que, dependientes de la Administración General del Estado, tienen como principales funciones el fomento, prestación, gestión de servicios públicos o producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación.

Para ello, se ha diseñado este curso, eminentemente práctico, a partir del cual se aborda en profundidad la Ley de Procedimiento Administrativo Común, tanto desde una la visión legal como desde una óptica administrativa, al objeto de aportar una visión clara y abreviada de esta normativa, que sustituye a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (que constituyó un hito clave de la evolución del Derecho administrativo en el nuevo marco constitucional; pero que, ante la incorporación de avances significativos en las relaciones de las Administraciones con los administrados, pasó a ser insuficiente. De ahí la necesidad de un nuevo marco normativo a partir del que profundizar en la agilización de los procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico).

Legislación relativa a Procedimiento Administrativo Común

Las dos leyes analizadas (Ley 39/2015 y Ley 40/2015) a lo largo de este curso de Procedimiento Administrativo Común entraron en vigor el 2 de octubre de 2016. No obstante, la Ley 39/2015, en la que se especifica la necesidad de una reforma en el ordenamiento jurídico público en torno a las relaciones ad extra (las que se producen entre Administraciones y administrados) y ad intra (que establecen los principios de la organización de las Administraciones Públicas y las relaciones entre ellas), aplazaba la entrada en vigor de la regulación de los registros electrónicos, punto de acceso general electrónico, archivo electrónico y archivo único electrónico hasta el 2 de octubre de 2018, (Disposición Final 7ª) al objeto de otorgar a las Administraciones Públicas y a los interesados, en aquello que les atañe, el tiempo suficiente para depurar y poner en marcha la administración electrónica para que sea norma en las relaciones de aquella con los interesados y del sector público entre sí.

Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) estructura y sistematiza las relaciones ad intra del sector público; esto es, la regulación del funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas, estableciendo el régimen jurídico administrativo básico aplicable a todas las Administraciones Públicas, y el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado.

Finalidades de la nueva regulación

La finalidad de la nueva regulación del Procedimiento Administrativo Común y del Sector Público es suprimir las duplicidades de órganos administrativos, complejidad de procedimientos, ineficiencias, inseguridad jurídica y costes excesivos, creando un nuevo sistema más simple y ordenado, y recurriendo a la introducción general de la administración electrónica en las relaciones de las Administraciones Públicas entre sí, y con los interesados.

Para favorecer que el alumno se familiarice con la nueva normativa, se ha conservado la estructura de las leyes analizadas incluyendo, eso sí, las variaciones indispensables para una mejor comprensión de la materia; y proporcionando aclaraciones y consejos prácticos con el propósito de que resulten de utilidad para aquellos alumnos que se vean inmersos en procedimientos administrativos, algo que, actualmente, es un hecho habitual.

Objetivos del programa

¿A quién está dirigido?